la Corrupción utilizando herramientas digitales en instituciones públicas y privadas

LA CORRUPCIÓN UTILIZANDO HERRAMIENTAS DIGITALES EN INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS

El sector público del Perú ha puesto un esfuerzo muy grande en servir mejor a sus ciudadanos a través de herramientas digitales que han transformado la manera de relacionarnos entre las personas y el Estado. Por ello, tenemos el compromiso de seguir implementando el gobierno digital”, remarcó el titular de la PCM (1).  

“Con las herramientas digitales tenemos una gran oportunidad de acercar el Estado al ciudadano en temas de educación y en salud a través de la telemedicina. Somos un país que combate día a día a la corrupción. Las herramientas digitales nos pueden encaminar hacia la transparencia, con la que tenemos que seguir trabajando para arrinconar y desaparecer la corrupción en nuestro país” (1).

La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción tiene una misión fundamental en el combate contra este delito. Su función, determinada por el objetivo central (cobro de la reparación civil en los casos que involucran daño al Estado), involucra uno de los principales campos de investigación y represión contra la corrupción y de especialización en la investigación aplicada. Sin embargo, el desarrollo de esta función  en la actualidad se concentra en casos de pequeña corrupción, en los que los montos de reparación civil son escasos e involucran a funcionarios de bajo rango. Este artículo muestra la función y objetivo central de la Procuraduría, la situación actual del litigio y los problemas principales respecto a la carga procesal. Además, se presenta un panorama general sobre la situación del cobro de las reparaciones civiles. El objetivo central es dar cuenta de la situación de la Procuraduría en el contexto contemporáneo e identificar algunos de los problemas del combate contra la corrupción en el Perú(2).

Si bien la discusión sobre la definición del término “corrupción” implica diversas posiciones y un intenso debate (Rose-Ackerman, 2009; Abed & Gupta, 2002; Charap, 1999; Tanzi, 1998; 1997; Klitgard, 1990), el término tiene un uso concreto y preciso respecto a aquello que involucra la defensa jurídica del Estado en el ámbito de la lucha anticorrupción. La lista de tipos de actos de corrupción que involucran a funcionarios públicos está dispuesta en las secciones II, III y IV del Capítulo II del Título XVIII del Libro Segundo del Código Penal. Esta lista finita marca el conjunto de delitos sobre los que la Defensa Jurídica del Estado investiga en materia anticorrupción y son el eje de trabajo sobre el que se delinean los objetivos y las metas de la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción (Procuraduría Anticorrupción)(2).

Los objetivos de la procuraduría anticorrupción: el cobro de reparaciones civiles :

• Según el Decreto Legislativo Nro. 1068 y su Reglamento (aprobado por Decreto Supremo Nro. 017-2008-JUS), la representación y defensa jurídica de los intereses del Estado en los ámbitos local y regional, en sede administrativa, arbitral, militar y constitucional, y ante las cortes nacionales e internacionales, está a cargo de los procuradores públicos. Los procuradores integran el Sistema de Defensa Jurídica del Estado, cuyo ente rector es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y actúan según los diversos temas que afectan a las entidades de la cual dependen administrativamente (ministerios, gobiernos regionales y locales, organismos constitucionales autónomos, etcétera). También pueden ejercer dicha representación según criterios de especialidad: por designación especial del Consejo de Defensa Jurídica del Estado o por razones de “necesidad” o “gravedad”. En este caso, la defensa jurídica del Estado está a cargo de los procuradores públicos especializados, uno de los cuales es el Procurador Anticorrupción.
• Las competencias del Procurador Anticorrupción están precisadas en el artículo 46 del Decreto Supremo Nro. 017-2008-JUS, el cual delimita sus ámbitos de intervención a toda investigación preliminar, preparatoria o proceso judicial relacionado con los ilícitos penales contemplados en las secciones II, III y IV del Capítulo II del Título XVIII del Libro Segundo del Código Penal[1]. En estos casos, el objetivo central de la defensa jurídica del Estado, es asumir y defender la pretensión reparatoria generada por el delito de corrupción materia de juzgamiento (Artículo 97 del Código Procesal Penal)(2).

Distribución de casos en litigio de la Procuraduría Anticorrupción de Lima según importancia hasta marzo del 2012:

Porcentajes de Sentencias Definitivas registradas por la Procuraduría Anticorrupción según tipo de sentencia emitida en el periodo 2010-2011:

Cómo se inicia una investigación de la procuraduría anticorrupción en porcentajes según casos registrados entre noviembre del 2011 y mayo del 2012.

Tipos de instituciones afectadas por actos de corrupción según los casos registrados entre noviembre del 2011 y mayo del 2012 litigados por la Procuraduría Anticorrupción.

Tipo de delito de corrupción cometido según los casos registrados entre noviembre del 2011 y mayo del 2012 litigados por la Procuraduría Anticorrupción.

El gobierno trabaja a paso firme en la transformación digital, a fin de acercar los servicios del Estado a la ciudadanía y reducir las brechas existentes, especialmente en educación, salud, seguridad y lucha contra la corrupción. Uno de los principales retos de la actual administración es asegurar que la interacción y la colaboración entre las entidades públicas sean seguras, eficientes y ajustadas a la normativa vigente. El avance del trabajo en materia digital, coordinado con las distintas dependencias del Estado, ha sido presentado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) al Poder Ejecutivo(3).

En el informe, se destaca la creación y el fortalecimiento de la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la creación del Comité de Alto Nivel por un Perú Digital, Innovador y Competitivo, y la implementación de gob.pe como plataforma única de orientación al ciudadano y prestación de servicios públicos digitales. “El sector público del Perú ha hecho un esfuerzo muy grande en servir mejor a sus ciudadanos por medio de herramientas digitales que han transformado la manera de relacionarnos entre las personas y el Estado. Por ello, tenemos el compromiso de seguir implementando el gobierno digital”, ha remarcado el jefe del Gabinete, Salvador del Solar, al recibir el informe de la OCDE(3).

La digitalización del Estado es imprescindible no solo para simplificarle la vida al ciudadano y a las empresas y ahorrarles mucho tiempo, sino también para tener un Estado más eficiente y contrarrestar la corrupción(3).

Justificación: Reformas atinentes a la lucha contra la corrupción

La corrupción constituye un flagelo mundial. La corrupción afecta a la sociedad entera, en lo público, facilita a grupos económicos o personas naturales ilegítimos e indebidos beneficios o prebendas a costa de la debida prestación de los servicios y la adecuada construcción de las obras públicas, lo que genera la vulneración de los derechos de los ciudadanos a una vida digna, y, por último, atenta contra la actividad misma del Estado y sus deberes para con los ciudadanos, especialmente los más pobres, al generar mayores condiciones de inequidad, y, destruye la institucionalidad democrática, por lo cual es imperiosa su erradicación. La corrupción y los efectos de la corrupción son de tal gravedad que afectan inclusive al orden internacional, toda vez que los mecanismos e instrumentos utilizados se han internacionalizado y, a fin de combatirla, incluso la Organización de las Naciones Unidas expidió la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ratificada por el Ecuador mediante Decreto Ejecutivo Nro. 340, promulgado en el Registro Oficial Nro, 76 de 5 de agosto del 2005, tendiente a que los estados adopten mecanismos concretos para combatirla, de los cuales el Ecuador es suscriptor, organismo internacional al cual inclusive hemos solicitado el apoyo para coadyuvar en la lucha contra este flagelo en el Ecuador. En dicho instrumento, en e[ artículo 31, se obliga a las partes a adoptar las medidas que sean necesarias para autorizar el decomiso del producto de los delitos tipificados con arreglo a esa Convención o de bienes cuyo valor corresponda al de dicho producto, así como de bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o destinados a utilizarse en la comisión de las infracciones señaladas. La Constitución de Montecristi, publicada en el Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre del 2008, es clara al señalar que el Estado debe combatir la corrupción en sus diversas formas. Y establece que la República del Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, y democrático, su soberanía radica en el pueblo y se ejerce a través de los órganos de poder público y las leyes nacionales(4).

Corrupción en las instituciones

Uno de los principales riesgos que enfrentarán las organizaciones, tanto públicas como privadas, es el riesgo de corrupción. Este fenómeno se clasifica en: (I) La pequeña corrupción administrativa en la que muchos funcionarios públicos abusan de su cargo exigiendo sobornos o comisiones a cambio de consideraciones particulares. (II) La corrupción mayor que se configura en el robo del recurso público por un relativamente pequeño número de funcionarios. (III) La captura del Estado en la que se presenta colusión entre agentes públicos y privados para beneficio particular (Shah y Schacter, 2004)(5).

Referencias bibliograficas:

1. Perú recibió informe de la OCDE sobre avances en gobierno digital [Internet]. Andina.pe. 2019 [cited 27 September 2019]. Available from: https://andina.pe/agencia/noticia-peru-recibio-informe-de-ocde-sobre-avances-gobierno-digital-756859.aspx
2. Salas S. Primer Informe de Gestión-Procuraduría Anticorrupción [Internet]. Minjus.gob.pe. 2019 [cited 27 September 2019]. Available from: https://www.minjus.gob.pe/ultimas-noticias/primer-informe-del-gestion-procuraduria-anticorrupcion/
3. La digitalización en el Estado [Internet]. Elperuano.pe. 2019 [cited 27 September 2019]. Available from: https://elperuano.pe/noticia-la-digitalizacion-el-estado-81127.aspx
4. [Internet]. Elcomercio.com. 2019 [cited 27 September 2019]. Available from: https://www.elcomercio.com/uploads/files/2017/10/03/Justificacion%20pregunta%201.pdf
5. Corrupción en las instituciones [Internet]. Elperuano.pe. 2019 [cited 27 September 2019]. Available from: https://elperuano.pe/noticia-corrupcion-las-instituciones-57009.aspx